Las raíces de la humanidad se extienden por
miles de años y kilómetros. Esta vez los caminos no vienen desde Roma, sino
desde África. La huellas ocultas en nuestro ADN demuestran que hace miles de
años emprendimos desde “el continente negro” un largo recorrido en cuyo
trayecto poblamos toda la geografía terrestre, llenándola de una amplísima
diversidad de colores, lenguas, sabores, culturas, religiones.
En sentido amplio, todos somos
afrodescencientes. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, el término es
usado, en sentido estricto, para designar a los actuales descendientes de
aproximadamente 10 millones de hombres y mujeres que durante los siglos XV- XIX
fueron arrancados de su tierra, traídos por la fuerza y finalmente vendidos
como esclavos en todo el ámbito americano.
El comercio trasatlántico de esclavos de las
grandes potencias coloniales (Inglaterra, Francia, España, Holanda, Portugal)
constituyó la migración forzada más grande de la historia. Depósitos de
esclavos y puertos ahora silentes, en África, el Caribe, Suramérica, la costa
este de Estados Unidos y las grandes metrópolis coloniales, guardan el profundo
dolor de familias separadas. Padres vendidos en los campos algodoneros de
Estados Unidos, hijos rematados en Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú o
la costa Centroamérica para cultivar o escarbar las entrañas de la tierra en
busca de oro. Madres y hermanas condenadas a la explotación sexual y la necesaria
multiplicación de la mano de obra esclava.
Cuando la esclavitud ya había enriquecido
hasta límites impensables a sus beneficiarios, y los derechos y libertades
Europeas fueron extendidos a todos los seres humanos, se decretó su abolición.
No se pidió perdón, ni se ofrecieron reparaciones por los siglos de infamia, simplemente
se dictaron resoluciones que, pocas veces fueron cumplidas.
En la actualidad, se estima que 150 millones
de latinoamericanos y caribeños (20- 30% de la población total) son
descendientes africanos esclavizados en tierras americanas. Aunque las
constituciones nacionales prohíben la esclavitud desde inicios del siglo XIX, y
numerosas leyes insisten en prohibir toda forma de discriminación racial, la
realidad de la población negra está marcada por un sistema de exclusión social
que los condena a la pobreza y la miseria. Ahora son libres porque no se les
persigue para venderlos, pero aún arrastran cadenas de hambre, falta de
oportunidades, rechazo y olvido institucional.
Al menos en el plano jurídico ahora se
reconoce la existencia y titularidad plena de derechos humanos de las poblaciones
afrodescendientes. Nicaragua fue uno de los primeros Estados latinoamericanos en
reconocer constitucionalmente diversidad étnica, lingüística y cultural y la
igualdad en derechos de las comunidades indígenas y étnicas -entre ellas, las
afrodescendientes- (1987) y en aprobar un cuerpo normativo que reconoce su
derecho a definir su forma de gobierno (Estatuto de Autonomía), usar y promover
su lengua (Ley de uso oficial de las lenguas de las comunidades de la Costa
Atlántica), recibir educación en su lenguas (Ley General de Educación),
rescatar el saber milenario de la medicina tradicional (Ley General de Salud),
participar en la vida política de la nación (Ley Electoral), usar y administrar
sus recursos naturales (Ley General del Medio Ambiente), el derecho a la propiedad comunal (Ley de
Régimen de Propiedad Comunal).
Sin embargo, la prosa de la realidad desdice
la poesía jurídica. En la cotidianeidad las y los afrodescendientes, enfrentan
de forma sistemática situaciones de discriminación que limitan el ejercicio de
sus derechos. Aunque no lo admitamos en voz alta ni en los informes oficiales
ante los organismos internacionales de derechos humanos, nuestras sociedades,
unas más, otras menos, son racistas. Después de dos siglos de independencia no
hemos reconocido plenamente el legado africano, ni su aporte a la construcción nuestras
identidades. La discriminación racial es una realidad cotidiana que se expresa
en la carga despectiva contenida en incontables refranes populares, chistes y estereotipos
que endilgan a la población negra el mote de holgazanes, tomadores, violentos,
y desde tiempos recientes, narcotraficantes.
Además de la discriminación social las
poblaciones afrodescendientes sufren el olvido institucional que se expresa en
su invisibilización en los censos poblacionales, la inacción estatal frente a
la discriminación. En Nicaragua, por ejemplo, el Código Penal, vigente desde
2008, tipifica el delito de discriminación (Arto. 427), sin embargo, hasta la
fecha no se ha procesado a ninguna persona por este delito, pese a la
frecuencia con que sucede.
Las regiones del Caribe, donde tiene arraigo
gran parte de la población negra, es la más olvidada. En estas regiones es donde
hay menos infraestructura social (escuelas, hospitales, carreteras), lo que
explica los altos índices de mortalidad materna, infantil, analfabetismo.
Asimismo, han sufrido la imposición de un modelo de desarrollo etnocéntrico que
ha explotado hasta la extenuación sus bosques, recursos marinos, etc., que
nombra y exporta desde el Pacífico las autoridades nacionales del sector
educación, salud, justicia, las que, desconociendo su realidad e inclusive sus
lenguas, vulneran día a día los derechos silentes en el papel.
La sociedad nicaragüense aún enfrenta el reto
de reconocer el legado africano, celebrar su diversidad lingüística, cultural y
religiosa y superar las barreras de discriminación, olvido, postergación y
racismo hacia nuestros hermanos y hermanas. Debemos construir una Nicaragua
inclusiva para todos y todas.
Gabriel Rivera Rocha
Abogado, Consultor en Derechos Humanos
