5 de diciembre de 2011

La discriminación racial es una amenaza a la libertad


Las raíces de la humanidad se extienden por miles de años y kilómetros. Esta vez los caminos no vienen desde Roma, sino desde África. La huellas ocultas en nuestro ADN demuestran que hace miles de años emprendimos desde “el continente negro” un largo recorrido en cuyo trayecto poblamos toda la geografía terrestre, llenándola de una amplísima diversidad de colores, lenguas, sabores, culturas, religiones.

En sentido amplio, todos somos afrodescencientes. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, el término es usado, en sentido estricto, para designar a los actuales descendientes de aproximadamente 10 millones de hombres y mujeres que durante los siglos XV- XIX fueron arrancados de su tierra, traídos por la fuerza y finalmente vendidos como esclavos en todo el ámbito americano.

El comercio trasatlántico de esclavos de las grandes potencias coloniales (Inglaterra, Francia, España, Holanda, Portugal) constituyó la migración forzada más grande de la historia. Depósitos de esclavos y puertos ahora silentes, en África, el Caribe, Suramérica, la costa este de Estados Unidos y las grandes metrópolis coloniales, guardan el profundo dolor de familias separadas. Padres vendidos en los campos algodoneros de Estados Unidos, hijos rematados en Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú o la costa Centroamérica para cultivar o escarbar las entrañas de la tierra en busca de oro. Madres y hermanas condenadas a la explotación sexual y la necesaria multiplicación de la mano de obra esclava.

Cuando la esclavitud ya había enriquecido hasta límites impensables a sus beneficiarios, y los derechos y libertades Europeas fueron extendidos a todos los seres humanos, se decretó su abolición. No se pidió perdón, ni se ofrecieron reparaciones por los siglos de infamia, simplemente se dictaron resoluciones que, pocas veces fueron cumplidas.

En la actualidad, se estima que 150 millones de latinoamericanos y caribeños (20- 30% de la población total) son descendientes africanos esclavizados en tierras americanas. Aunque las constituciones nacionales prohíben la esclavitud desde inicios del siglo XIX, y numerosas leyes insisten en prohibir toda forma de discriminación racial, la realidad de la población negra está marcada por un sistema de exclusión social que los condena a la pobreza y la miseria. Ahora son libres porque no se les persigue para venderlos, pero aún arrastran cadenas de hambre, falta de oportunidades, rechazo y olvido institucional.  

Al menos en el plano jurídico ahora se reconoce la existencia y titularidad plena de derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes. Nicaragua fue uno de los primeros Estados latinoamericanos en reconocer constitucionalmente diversidad étnica, lingüística y cultural y la igualdad en derechos de las comunidades indígenas y étnicas -entre ellas, las afrodescendientes- (1987) y en aprobar un cuerpo normativo que reconoce su derecho a definir su forma de gobierno (Estatuto de Autonomía), usar y promover su lengua (Ley de uso oficial de las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica), recibir educación en su lenguas (Ley General de Educación), rescatar el saber milenario de la medicina tradicional (Ley General de Salud), participar en la vida política de la nación (Ley Electoral), usar y administrar sus recursos naturales (Ley General del Medio Ambiente),  el derecho a la propiedad comunal (Ley de Régimen de Propiedad Comunal).

Sin embargo, la prosa de la realidad desdice la poesía jurídica. En la cotidianeidad las y los afrodescendientes, enfrentan de forma sistemática situaciones de discriminación que limitan el ejercicio de sus derechos. Aunque no lo admitamos en voz alta ni en los informes oficiales ante los organismos internacionales de derechos humanos, nuestras sociedades, unas más, otras menos, son racistas. Después de dos siglos de independencia no hemos reconocido plenamente el legado africano, ni su aporte a la construcción nuestras identidades. La discriminación racial es una realidad cotidiana que se expresa en la carga despectiva contenida en incontables refranes populares, chistes y estereotipos que endilgan a la población negra el mote de holgazanes, tomadores, violentos, y desde tiempos recientes, narcotraficantes.

Además de la discriminación social las poblaciones afrodescendientes sufren el olvido institucional que se expresa en su invisibilización en los censos poblacionales, la inacción estatal frente a la discriminación. En Nicaragua, por ejemplo, el Código Penal, vigente desde 2008, tipifica el delito de discriminación (Arto. 427), sin embargo, hasta la fecha no se ha procesado a ninguna persona por este delito, pese a la frecuencia con que sucede.

Las regiones del Caribe, donde tiene arraigo gran parte de la población negra, es la más olvidada. En estas regiones es donde hay menos infraestructura social (escuelas, hospitales, carreteras), lo que explica los altos índices de mortalidad materna, infantil, analfabetismo. Asimismo, han sufrido la imposición de un modelo de desarrollo etnocéntrico que ha explotado hasta la extenuación sus bosques, recursos marinos, etc., que nombra y exporta desde el Pacífico las autoridades nacionales del sector educación, salud, justicia, las que, desconociendo su realidad e inclusive sus lenguas, vulneran día a día los derechos silentes en el papel.

La sociedad nicaragüense aún enfrenta el reto de reconocer el legado africano, celebrar su diversidad lingüística, cultural y religiosa y superar las barreras de discriminación, olvido, postergación y racismo hacia nuestros hermanos y hermanas. Debemos construir una Nicaragua inclusiva para todos y todas.

Gabriel Rivera Rocha
Abogado, Consultor en Derechos Humanos

Artículo publicado en LA PRENSA, sección blog. Disponible en: http://www.laprensa.com.ni/blog/2011/10/12/la-discriminacion-racial-es-una-amenaza-a-la-libertad.html

Educar en derechos y responsabilidades


Desde su aprobación en 1998, el Código de la Niñez y la Adolescencia ha sido objeto de severas y, frecuentemente, infundadas críticas. Entre las que más han calado en la conciencia social se encuentran aquellas que lo acusan de contribuir a la pérdida de valores, fomentar el irrespeto de las niñas, niños y adolescentes hacia sus padres, madres, maestros, maestras, entre otras.

Desde el saber y el sentir de muchas personas adultas, son incontables los males y daños del Código: erosiona la autoridad familiar “ahora no le podemos decir nada a nuestros hijos porque nos denuncian”, autoriza a que los niños y niñas hagan lo que quieran “si con este Código ahora los chavalos le quieren pegar a uno”, y muchas otras que seguramente el amable lector ha escuchado, y con las que posiblemente, se siente identificado.

Muchas de las más incisivas críticas al Código se originan en lecturas parciales, tendenciosas o desconocimiento de su contenido. Leído e interpretado en su integralidad, el Código reconoce que los niños y niñas son titulares de derechos humanos cuyo cumplimiento es una responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado, pero también establece de forma categórica que tienen responsabilidades con sus madres, padres, maestras, maestros, autoridades, con ellos mismos y los demás.

Una lista enunciativa de las responsabilidades de la niñez y la adolescencia se encuentra en el artículo 55 del Código, que establece, entre otros, las siguientes: obedecer, respetar y expresar cariño a sus madres, padres, abuelos, abuelas; colaborar con las tareas del hogar; estudiar con ahínco, cumplir con las tareas escolares y con las normas establecidas en el centro escolar; respetar a sus maestros, funcionarios y trabajadores del sistema educativo; respetar los derechos, ideas y creencias de las demás personas; conservar y proteger el medio ambiente; respetar y cuidar sus bienes, los de la familia, los de la escuela, los de la comunidad y del dominio público y privado.

El código promueve una nueva forma de relación entre los adultos y la niñez, y viceversa, en la que se reconocen derechos y responsabilidades. Este sentido, supone una profunda transformación de la realidad pues transita de relaciones basadas en la dependencia, invisibilización y postergación de la niñez, hacia una cultura que los reconoce como sujetos que tienen derecho a ser respetados por las personas adultas, a opinar, participar. Este cambio de paradigma, ha generado muchas resistencias, algo que resulta en alguna medida comprensible, pues como ha señalado un célebre autor, resulta escandaloso para una sociedad que había privatizado esas prerrogativas para la adultez.

Los derechos reconocidos a los niños y las niñas en el Código cuestionan un conjunto de prácticas familiares y comunitarias transmitidas de una generación a otra y profundamente arraigadas en la cotidianeidad, tales como la aceptación del castigo físico como método disciplinario en la familia, la escuela –es mi hijo, puedo pegarle, yo lo tuve-, o la cultura de silencio que negaba a los niños y niñas el derecho a opinar en las decisiones familiares y en los asuntos que los afecten –cállese, no se meta en conversaciones de adultos que es mala educación- o la postergación social –los niños son el futuro- hacia el mañana negándoles a construir el aquí y ahora.

El propósito del Código no es erosionar el rol de las familias, la escuela y las autoridades, sino fortalecerlo a través de un cambio de valores, que permitan educar a los niños y las niñas en derechos y responsabilidades con amor y ternura, en base a la construcción de relaciones duraderas de respeto y reconocimiento mutuo.

Para lograr esta esta profunda transformación social no basta con registrarla en la prosa legal, es preciso continuar desarrollando iniciativas educativas que promuevan cambios en las actitudes y prácticas familiares, y que faciliten la interiorización del binomio derecho- responsabilidad, es decir, que la niñez reconozca y defienda sus derechos, pero también asuma sus responsabilidades.

La educación para asumir las responsabilidades es tan importante como aquella para reconocer y demandar derechos y la búsqueda de ese equilibrio nos permitirá ir superando muros de incomprensión, resistencias y desconocimiento en torno a una ley de fundamental importancia para nuestra sociedad y para el desarrollo humano presente y futuro.

Gabriel Rivera Rocha
Abogado, Consultor en Derechos Humanos

Artículo publicado en LA PRENSA, sección blog. Disponible en http://www.laprensa.com.ni/blog/2011/11/24/educar-en-derechos-y-responsabilidades.html

26 de septiembre de 2011

Niñez, Trabajo y Salud


Foto: LA PRENSA
El interés por la salud de las y los trabajadores se remonta a los albores de la modernidad, aunque adquirió patente universal con la constitución de la Organización Internacional del Trabajo en 1919 y su posterior asociación como organismo especializado de la Organización de Naciones Unidas en 1946.

Es en este contexto, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho al trabajo, lo que sentó las bases para su desarrollo normativo en numerosos instrumentos internacionales, leyes nacionales y políticas públicas.

En 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño reafirmó la preocupación por los riesgos que implica el trabajo para las personas menores de 18 años. Pese a las acciones legislativas que, por mandato de la Convención, impulsaron los Estados para prohibir el trabajo de los menores de 14 años, establecer medidas especiales de protección para los adolescentes trabajadores y definir mecanismos institucionales para prevenirlo y erradicarlo, el trabajo infantil continúa constituyéndose en parte de la cotidianeidad de 215 millones de niños (60%) y niñas (40%) en todo el mundo, de los cuales, 115 millones realizan trabajos peligrosos, los que implican serios riesgos para la salud.

En América Latina y el Caribe, la cifra de niños y niñas trabajadores supera los 14 millones, de éstos el 6.7% realiza trabajos peligrosos. Las dinámicas de trabajo infantil en la región se caracterizan por su tropismo (movimiento) hacia la economía informal, el predominio del trabajo rural-agrícola en el que principalmente laboran los niños, y la mayoritaria participación de las niñas en el sector comercio, servicios y ciertas áreas de la industria.

En Nicaragua, los resultados de la segunda Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente (ENTIA 2005) evidencian que más de 238 mil niños, niñas y adolescentes en edades comprendidas entre los 5 y 17 años se encuentran inmersos en el trabajo infantil; 36 de cada 100 son menores a los 14 años, que es la edad mínima para la admisión al empleo. Siguiendo la tendencia regional, predomina el trabajo de los niños (70.8%), rural (66%), agrícola (56.6%), informal (68%) y no remunerado (61.6%).

La ENTIA 2005 indaga sobre el estado de salud de la niñez trabajadora, y evidencia que la mayoría de niños, niñas y adolescentes trabajadores realizan trabajos peligrosos durante jornadas largas, situación que, junto a otros factores sociales, culturales e institucionales, pueden exponerlos a grave peligro para su salud.

Un aspecto preocupante es que el 82.8% de los niños trabajadores no conocen los riesgos y problemas de salud relacionado al trabajo que realizan. Este desconocimiento explica que sólo 4 de cada 100 hayan expresado haber sufrido enfermedades y accidentes laborales.

Las principales afectaciones a la salud están relacionadas a cuadros de fiebre, gripe, catarro, dolores de espalda. Información congruente con el hecho que las actividades que realizan la mayoría de los niños y niñas trabajadores implican exposición al sol o la intemperie (22%), polvo (13%), temperatura o humedad extrema (10%), contacto con animales (7%), traslado de cargas pesadas (5%), manipulación de herramientas peligrosas (5%) y otros elementos como humo, químicos, ruido.

Las principales lesiones ocasionadas por el trabajo son las heridas y cortaduras (55.3%), hematomas (11.4%), fracturas (9.9%) y quemaduras (5.1%), lo que es congruente con los riesgos que implica la manipulación de herramientas que se usan en las labores agrícolas y las actividades propias del sector comercio, servicios y trabajo infantil doméstico.

La protección de la salud de la niñez trabajadora requiere el desarrollo y fortalecimiento de sinergias entre diversos actores institucionales (Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo y el Instituto de Seguridad Social, municipios), sociales (familias, comunidad, ONG) y del sector productivo (empresas, empleadores, sindicatos). Sin embargo, la realidad está marcada por una débil y desarticulada intervención del Estado, lo que hace necesario posicionar el tema en las políticas públicas a fin de definir una respuesta nacional para la protección integral a la salud de la niñez y adolescencia trabajadora.

Gabriel Rivera Rocha |  Abogado. Consultor en Derechos Humanos

Publicado en Blog de Save the Children Canada (SCC), sección Blog. Disponible en http://sccsur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66:atgrr&catid=38:sep&Itemid=65